El fin de los coches de combustión en Europa: ¿una medida necesaria o una utopía?


La Comisión Europea ha presentado recientemente su plan “Fit for 55”, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050. Dentro de este ambicioso proyecto se incluye una propuesta que afecta directamente al sector del automóvil: prohibir la fabricación y venta de vehículos con motores de combustión interna desde 2035.

Esto significa que los coches de gasolina y diésel dejarán de circular por las carreteras europeas en menos de dos décadas, y que los fabricantes tendrán que apostar exclusivamente por los vehículos eléctricos o de hidrógeno. Los coches híbridos, que combinan un motor eléctrico con uno térmico, tampoco podrán comercializarse a partir de esa fecha.

La medida responde a la necesidad de reducir el impacto ambiental del transporte, que es responsable del 25% de las emisiones totales en la Unión Europea, y el sector del automóvil representa el 15%. Sin embargo, no todos los países miembros están de acuerdo con esta iniciativa, ni tampoco el sector empresarial ni los consumidores.

Por un lado, hay países más avanzados que otros en la transición hacia la movilidad sostenible. Por ejemplo, Francia ha expresado su apoyo a la propuesta, mientras que Alemania ha mostrado su preocupación por el impacto económico y social que podría tener sobre su industria automotriz.

Por otro lado, hay voces críticas desde el sector empresarial y los consumidores, que reclaman más incentivos e infraestructuras para facilitar el cambio hacia los vehículos eléctricos. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), solo el 10% de las ventas totales en Europa correspondieron a coches eléctricos o híbridos enchufables en 2020.

Además, hay dudas sobre si la producción y el suministro de baterías podrá satisfacer la demanda creciente, así como sobre el origen y destino de los materiales necesarios para su fabricación y reciclaje. Algunos expertos también cuestionan si la red eléctrica podrá soportar el aumento del consumo energético derivado del uso masivo de coches eléctricos.

En definitiva, se trata de un reto mayúsculo que requiere una coordinación y una inversión sin precedentes por parte de todos los actores implicados: instituciones europeas, gobiernos nacionales, industria automotriz, proveedores energéticos y usuarios finales.

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